Nuestro homenaje: construir y avanzar en la alternativa popular
Los sucesos ocurridos durante los últimos días en relación al asesinato de Rodrigo Cisternas han suscitado la más pura indignación, rabia y tristeza en lo profundo de todos quienes vivimos día a día en lo que, aunque a muchos les pese, es la misma trinchera del compañero asesinado. Levantar la voz frente a estos sucesos y ejercer la más dura condena a los responsables y la crítica a quienes, o por pronunciamiento o por omisión, resultan cómplices, no es sólo un deber, es una necesidad que pasa más allá de la mera denuncia contingente. No es solidaridad exterior con los que luchan, es sentirnos parte de ellos y vivir la pérdida de un trabajador que lucha como lo que es (o debería ser), o sea, una pérdida, un atentado en contra de todos nosotros. Alzar la voz contra este hecho en particular es también alzar la voz contra una totalidad de opresiones que tan sólo se han extremado en este repudiable actuar de carabineros. Esto demuestra que en “democracia” los conflictos se dan en un marco de diálogo y tolerancia hasta que se rompen los límites de una definición de tolerancia muy acotada: la impuesta por el capital. Luego, pareciera ser que “todo vale”.
Las nuevas tomas de colegios no son un capricho. La gente pensaba terminado el conflicto pues simplemente el gobierno había dado una respuesta, pero, ¿quién asegura la eficiencia de dicha respuesta? Del Consejo Asesor Presidencial no se debe esperar un gran consejo: no cuando integrantes suyos vienen a representar a los fundadores de la educación como negocio (aquello que llaman “la mercantilización de la educación”). Y por otro lado (realmente por otro lado), la LOCE no ha tenido razón para asustarse: los parlamentarios no se han pronunciado respecto a ella. Nada asegura que vaya a ser borrada.
Durante la Dictadura Militar se instauran a fuego y sangre intensos cambios a todo nivel en nuestra sociedad, todos ellos con el fin de instalar un modelo económico de libre mercado, en el cual todos nuestros demás derechos, como la educación quedan en las manos del mercado. Es así que a mediados de los 80 ocurre la municipalización de los liceos fiscales, lo cual deja la educación a cargo de los municipios, a pesar de que unos tengan mucho más recursos que otros y vivan realidades extremadamente diferentes. Así también, un día antes de la transición pactada a la “democracia”, el 10 de marzo de 1990, fue publicada la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que es el actual marco regulatorio para la educación en Chile. A grandes rasgos, esta ley permite la mercantilización de la educación (por ejemplo que sea adquirida según el nivel socioeconómico de uno), por lo que la educación deja de ser un derecho y se convierte en privilegio para unos pocos solamente; y la vuelve altamente autoritaria al no permitir la participación de los estudiantes y funcionarios (académicos o no, según el caso), que debieran ser actores centrales de ésta en las decisiones que la definen.
